viernes, agosto 26, 2016

Se va la guerra, se va, se va

Comunicado Conjunto Gobierno y FARC-EP: anunciamos que hemos llegado a un Acuerdo Final, integral y definitivo.

Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP anunciamos que hemos llegado a un Acuerdo Final, integral y definitivo, sobre la totalidad de los puntos de la Agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia.

Preámbulo

Recordando que los diálogos de La Habana entre delegados y delegadas del Gobierno Nacional, presidido por el Presidente Juan Manuel Santos y delegados y delegadas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, con la decisión mutua de poner fin al conflicto armado nacional, tuvieron origen como resultado del Encuentro Exploratorio sucedido en la capital de la República de Cuba entre el día 23 de febrero y el día 26 de agosto de 2012;

Teniendo presente que como resultado de los diálogos exploratorios referidos se produjo un Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado en la fecha última citada ante testigos nacionales y ante delegados de la República de Cuba y del Reino de Noruega que sirvieron igualmente como testigos, y que, desde entonces, asienten el proceso como países garantes; 

Poniendo de presente que la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile se han aprestado en todo momento a sus buenos oficios como países acompañantes; 

Recordando que en desarrollo de la agenda aprobada en el Acuerdo en mención se dio inicio a la Mesa de Conversaciones el día 18 de octubre de 2012 en la ciudad de Oslo, capital del Reino de Noruega, para luego continuar en la capital cubana sin solución de continuidad hasta el día de hoy que se firma el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera;

Subrayando que el Acuerdo Final que se suscribe en la fecha corresponde a la libre manifestación de la voluntad del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, al haber obrado de buena fe y con la plena intención de cumplir lo acordado;

Teniendo presente que el Artículo 22 de la Constitución Política de la República de Colombia impone la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento; que el Artículo 95 afirma que  la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional por lo que es deber de todos engrandecerla y dignificarla; que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades, entre ellas, propender al logro y mantenimiento de la paz; 

Subrayando que la paz ha venido siendo calificada universalmente como un derecho humano, y requisito necesario para el ejercicio de todos los demás derechos y deberes de las personas y la ciudadanía;

Poniendo de presente que el Acuerdo Final recoge todos y cada uno de los acuerdos alcanzados sobre la Agenda del Acuerdo General suscrito en La Habana en agosto de 2012; y que para alcanzarlo el Gobierno Nacional y las FARC-EP siempre y en cada momento nos ceñimos al espíritu y respeto de la Constitución Nacional, de los principios del Derecho Internacional, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario (Convenios y Protocolos), de lo mandado por el Estatuto de Roma (Derecho Internacional Penal), de los fallos proferidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativos a los conflictos y su terminación, y demás sentencias de competencias reconocidas universalmente y pronunciamientos de autoridad relativos a los temas suscritos;

Recordando que el Artículo 94 manifiesta que “la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”, que los tratados sobre derechos humanos, aprobados por el Congreso, y que no pueden ser suspendidos ni siquiera durante los estados de excepción, prevalecen en el orden interno;

Poniendo en consideración que la suma de los acuerdos que conforman el Acuerdo Final contribuyen a la satisfacción de derechos fundamentales como son los derechos políticos, sociales, económicos y culturales, y los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia  y la reparación, el derecho de los niños, niñas y adolescentes, el derecho fundamental de la seguridad jurídica individual o colectiva y la seguridad física, y el derecho fundamental de cada individuo en particular y de la sociedad sin distingos en general, a la no repetición de la tragedia del conflicto armado interno que con el presente Acuerdo se propone superar; 

Subrayando que el Acuerdo Final presta especial atención a los derechos fundamentales de las mujeres, los de los grupos sociales vulnerables como son los pueblos indígenas, las niñas, niños y adolescentes, las comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicamente diferenciados; los derechos fundamentales de los campesinos y campesinas, los derechos esenciales  de las personas en condición de discapacidad y de los desplazados por razones del conflicto; los derechos fundamentales de las personas adultas mayores y de la población LGBTI;

Considerando que a juicio del Gobierno Nacional las transformaciones que conlleva la implementación del presente Acuerdo deben contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio; y que a juicio de las FARC-EP dichas transformaciones deben contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños.

Valorando y exaltando que el eje central de la paz es impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional, en especial en múltiples regiones doblegadas hoy por el abandono, por la carencia de una función pública eficaz, y por los efectos del mismo conflicto armado interno; que es meta esencial de la reconciliación nacional la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar territorial para beneficio de amplios sectores de la población hasta ahora víctima de la exclusión y la desesperanza; 

Reconociendo los derechos de la sociedad a una seguridad humana integral con participación de las autoridades civiles;

Exaltando y consagrando la justicia prospectiva en tanto reconoce derechos fundamentales esenciales para las nuevas y futuras generaciones como son el derecho a una tierra preservada, el derecho a la preservación de la especie humana, el derecho a conocer sus orígenes y su identidad, el derecho a la exención de responsabilidades por las acciones cometidas por las generaciones precedentes, el derecho a la preservación de la libertad de opción, y otros derechos, sin perjuicio de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; 

Recordando que el pasado 23 de junio del año en curso, las Delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP suscribieron en la capital cubana los acuerdos de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas y Garantías de Seguridad, en presencia del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, del Secretario General de Naciones Unidas, del Presidente de la Asamblea General de la ONU, del Presidente del Consejo de Seguridad de la misma organización, del Ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Noruega, de los Jefes de Estado de los países acompañantes,  de Jefes de Gobierno de países de la región, del Enviado Especial de los Estados Unidos de América y del Representante Especial de la Unión Europea;

Aceptando que las normas de derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las cuestiones relacionadas con derechos fundamentales no mencionados en el Acuerdo Final, incluyendo el mandato imperativo que ordena que “en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de la exigencias de la conciencia pública”; 

Reconociendo el mandato constitucional que afirma que corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa convenir y ratificar acuerdos de paz; 

El Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, hemos acordado:

Suscribir el presente Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, cuya ejecución pondrá fin de manera definitiva a un conflicto armado de más de cincuenta años y que a continuación se consigna.

El presente Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera se suscribe por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), como Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949.

El Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), firman siete originales incluidos sus anexos, uno para cada una de las partes, uno para cada uno de los países garantes y uno para cada uno de los países acompañantes. El séptimo ejemplar original se depositará inmediatamente tras su firma, ante el Consejo Federal Suizo en Berna o ante el organismo que lo sustituya en el futuro como depositario de las Convenciones de Ginebra.


INTRODUCCIÓN

Luego de un enfrentamiento de más de medio siglo de duración, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado poner fin de manera definitiva al conflicto armado interno. 

La terminación de la confrontación armada significará, en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio número de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho del territorio, incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y rom, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos, entre otros. No queremos que haya una víctima más en Colombia.

En segundo lugar, el fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia. Se trata de dar inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de nuestros territorios, una mayor inclusión social -en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido el conflicto- y a fortalecer nuestra democracia para que se despliegue en todo el territorio nacional y asegure que los conflictos sociales se tramiten por las vías institucionales, con plenas garantías para quienes participen en política.

Se trata de construir una paz estable y duradera, con la participación de todos los colombianos y colombianas. Con ese propósito, el de poner fin de una vez y para siempre a los ciclos históricos de violencia y sentar las bases de la paz, acordamos los puntos de la Agenda del Acuerdo General de agosto de 2012, que desarrolla el presente Acuerdo.

El Acuerdo está compuesto de una serie de acuerdos, que sin embargo constituyen un todo indisoluble, porque están permeados por un mismo enfoque de derechos, para que las medidas aquí acordadas contribuyan a la materialización de los derechos constitucionales de los colombianos; por un mismo enfoque diferencial y de género, para asegurar que la implementación  se haga teniendo en cuenta la diversidad de género, étnica y cultural, y que se adopten medidas para las poblaciones y los colectivos más humildes y más vulnerables,  en especial los niños y las niñas, las mujeres, las personas en condición de discapacidad y las víctimas; y en especial por un mismo enfoque territorial. 

El enfoque territorial del Acuerdo supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad socio-ambiental; y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada, con la participación activa de la ciudadanía. La implementación se hará desde las regiones y territorios y con la participación de las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la sociedad.
La participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el Acuerdo Final. Participación en general de la sociedad en la construcción de la paz y participación en particular en la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas en los territorios, que es además una garantía de transparencia. 

Además, la participación y el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad contribuyen a la construcción de confianza y a la promoción de una cultura de tolerancia, respeto y convivencia en general, que es un objetivo de todos los acuerdos. Décadas de conflicto han abierto brechas de desconfianza al interior de la sociedad, en especial en los territorios más afectados por el conflicto. Para romper esas barreras se requiere abrir espacios para la participación ciudadana más variada y espacios que promuevan el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento y establecimiento de responsabilidades, y en general, el reconocimiento por parte de toda la sociedad de lo ocurrido y de la necesidad de aprovechar la oportunidad de la paz.  

Por lo anterior, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el plebiscito, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran ACUERDO POLÍTICO NACIONAL encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social.

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El Acuerdo Final contiene los siguientes puntos, con sus correspondientes acuerdos, que pretenden contribuir a las transformaciones necesarias para sentar las bases de una paz estable y duradera.   
El Punto 1 contiene el acuerdo “Reforma Rural Integral”, que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La “Reforma Rural Integral” debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía. 

El Punto 2 contiene el acuerdo “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”. La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. 

En especial, la implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todas y todos los colombianos a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación. 

El Punto 3 contiene el acuerdo “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas”, que tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el Cese, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final y la dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.

Contiene también el acuerdo “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses”. Sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera requiere de la reincorporación efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del país. La reincorporación ratifica el compromiso de las FARC-EP de cerrar el capítulo del conflicto interno, convertirse en actor válido dentro de la democracia y contribuir decididamente a la consolidación de la convivencia pacífica, a la no repetición y a transformar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio. 

El Punto 3 también incluye el acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Para cumplir con este fin, el acuerdo incluye medidas como el Pacto Político Nacional; la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; la Unidad Especial de Investigación; el Cuerpo Élite en la Policía Nacional; el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y las Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción.

El Punto 4 contiene el acuerdo “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. Para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas. Para lo cual se promueve una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género. 

El Punto 5 contiene el acuerdo “Víctimas”. Desde el Encuentro Exploratorio de 2012, acordamos que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo. El acuerdo crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros.

El Sistema Integral está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; las Medidas de reparación integral para la construcción de la paz; y las Garantías de No Repetición. 

El Punto 6 contiene el acuerdo “ Mecanismos de implementación y verificación” en el que se crea una “Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias”, integrada por  representantes del Gobierno Nacional y de las FARC-EP con el fin, entre otros, de hacer seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento, servir de instancia para la resolución de diferencias, y el impulso y seguimiento a la implementación legislativa.

Adicionalmente crea un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional contribuya de distintas maneras a garantizar  la implementación del Acuerdo Final y en materia de verificación se pone en marcha un modelo con un componente internacional integrado por los países que durante el proceso han tenido el papel de garantes y acompañantes y dos vocerías internacionales, todo ello soportado en la capacidad técnica del Proyecto del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos. 

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Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP reiteramos nuestro profundo agradecimiento a todas las víctimas, las organizaciones sociales y de Derechos Humanos, las comunidades incluyendo los grupos étnicos, a las organizaciones de mujeres, a los campesinos y campesinas, a los jóvenes, la academia, los empresarios, la Iglesia y comunidades de fe, y en general a los ciudadanos y ciudadanas que participaron activamente y que a través de sus propuestas contribuyeron al  Acuerdo Final. Con su participación lograremos la construcción de una paz estable y duradera.

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Paginas/Preguntas-y-respuestas-sobre-el-Acuerdo-Final.aspx

miércoles, agosto 17, 2016

Se inicia PoeMaRìo

PoeMaRío
ARRANCA NOVENA VERSIÓN DEL IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESÍA EN EL CARIBE.
Homenaje a Alfredo Gómez Zurek
Barranquilla, del 17 al 21 de agosto.


CON LA PRESENCIA DE POETAS DE: ARGENTINA, PUERTO RICO, GUATEMALA, COSTA RICA, EL SALVADOR, ISLA DE SAN MARTÍN, GAMBIA, CHILE, CUBA, REPÚBLICA DOMINICANA, PERÚ, VENEZUELA, RUMANIA, COLOMBIA



El Festival Internacional de poesía en el Caribe, PoeMaRío, que este año llega a su IX versión de manera ininterrumpida, abre mañana sus actividades con tres actividades fundamentales: un recital en un barrio popular de la ciudad, otro recital en la Estación Joe Arroyo del Transmetro; y una tercera que es su recital inaugural en el complejo cultural de la Aduana, sede de la Biblioteca  Piloto del Caribe, la institución que organiza este evento de ciudad.  

PoeMaRío cuenta este año con los auspicios, respaldos y colaboraciones de la Secretaría Distrital de Cultura Patrimonio y Turismo; la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta; Promigas; Sempertex; Fundación Cultural Nueva Música; Kymera Producciones; Fundación Iriartes; Centro Cultural Cayena de la Universidad del Norte; y Fundación La Cueva.  

También con la colaboración de la Fundación Casa de Hierro; Secretaría del Interior Gobernación del Atlántico; Universidad del Atlántico / Escuela de Bellas Artes; Asociación Ay, Macondo; Fundación Letra Clave; Biblioteca Popular de la Paz; Fundación Cultural Bohemia de Colombia; Transmetro; y a las instituciones escolares Instituto Experimental del Atlántico José Celestino Mutis; Colegio de Bachillerato Simón Bolívar; Colegio Eustorgio Salgar de Salgar (Puerto Colombia); y el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes.

PRIMER DÍA:

3:00 p.m. Biblioteca Popular de la Paz. 
Cristancho Duque (Antioquia), Robert Max (Bogotá), Elizabeth Miranda (Cesar), Zurelys López Amaya (Cuba).

3:00 p.m. Estación Joe Arroyo de Transmetro Calle 74 Cra. 46
Marta Cwielong (Argentina), René Rodríguez Soriano (Rep. Dominicana), John Brasco (Atlco.), Daniel Matul (Guatemala), Carolina Zamudio (Argentina).

7:30 p.m. Plaza de la Aduana. Vía 40 No. 36-135Recital inaugural / Muestra de poesía visual.
Poetas visualesLilian Pallares (Atlco.), Charles Olsen (N. Zelandia), Orly Anan(Atlco.), Julieta María (Atlco.), Tulio Restrepo (Antioquia), Mario Cervantes (Atlco.), Leo Lobos (Chile).
Presentan: Mario Cervantes (Atlco.), Leo Lobos (Chile).

Recital con los poetas:
Myra Jara (Perú), Ruxandra Novac (Rumania) Lasana M. Sekou (San Martín), Eliana Díaz (Atlco.), Álvaro Miranda (Magd.),  Jonatán Reyes (Puerto Rico), Jhon Junieles (Sucre), Diego Marín Contreras (Atlco.), Alhaji Papa Susso (Gambia).

lunes, agosto 08, 2016

Cada vez más cerca

Con la definición de los protocolos y anexos del acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas, se avanzó en un aspecto definitivo para la firma del acuerdo final entre el gobierno colombiano y las FARC, en la medida en que las partes han definido detalles del proceso que permitirá la desmovilización, la dejación de las armas y el monitoreo y verificación de los acuerdos. Esta función estará a cargo de un mecanismo integrado por representantes del Gobierno Nacional, de las FARC y una misión política con observadores no armados de la ONU, representada por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).  Este era uno de los últimos pasos necesarios para la reintegración de los combatientes y la implementación de los acuerdos alcanzados en La Habana. Con estos protocolos se da forma final al cese al fuego y la dejación de las armas,municiones y explosivos, que serán entregadas en su totalidad a la misión de la ONU. 

Ahora solo resta que los colombianos, muchos de los cuales aún no han  entendido la trascendencia de este proceso, refrenden los acuerdos con su voto favorable en el Plebiscito, otorgando al Presidente Santos las facultades especiales para incorporar los acuerdos a la legislación colombiana.

A continuación, el comunicado emitido por las delegaciones el pasado 5 de agosto en La Habana.

Comunicado # 83

​Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado los protocolos y anexos  del acuerdo sobre “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas”, anunciado el pasado 23 de junio, que permitirán su implementación.


La Habana, agosto 5 de 2016.

Los objetivos centrales de los protocolos y los anexos giran en torno a los siguientes aspectos:  

1. Introducción

En este protocolo se establecen de manera clara las fases de planeamiento y ejecución que permiten: el despliegue del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) a nivel nacional, regional y local para que pueda realizar su labor; la adaptación de los dispositivos de la Fuerza Pública en el terreno; el funcionamiento de las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y 8 Puntos Transitorios de Normalización (PTN) que se han definido de común acuerdo; y los procedimientos específicos y el cronograma que se desarrollará durante el cese al fuego y la dejación de armas. 

2. Monitoreo y verificación 

El Mecanismo técnico y tripartito de Monitoreo y Verificación (MMV) estará integrado por representantes del Gobierno Nacional, de las FARC-EP y un componente internacional consistente en una misión política con observadores no armados de la ONU, integrada principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

Se determina en detalle el ámbito de actuación y el alcance del Mecanismo de Monitoreo y Verificación y se fijan criterios de transparencia, credibilidad y confianza en la ejecución del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas, que a su vez permitan garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

El Mecanismo tendrá presencia en las áreas donde estarán ubicadas las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los 8 Puntos Transitorios de Normalización las 24 horas del día, los siete días de la semana, para monitorear el avance del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas, en particular, el cumplimiento de las reglas acordadas para tal fin.

En caso de que se presenten incidentes que comprometan el cumplimiento del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, el grupo de monitoreo que se encuentre en la zona recogerá la información y la enviará a la instancia regional o nacional según el caso, para que se haga la evaluación de los hechos. El componente internacional - Naciones Unidas-, con imparcialidad y transparencia, será el encargado de hacer la evaluación final de lo ocurrido y de presentar los informes correspondientes de verificación. La ONU en su reporte podrá dar recomendaciones y contribuir a que se diriman controversias.

El mecanismo en las zonas tendrá contacto directo con las comunidades, organizaciones sociales, políticas y con la institucionalidad del Estado a nivel local, regional y nacional, las cuales podrán contribuir en la labor del Mecanismo aportando información, ayudando en la difusión de sus informes a la opinión pública y presentando propuestas y sugerencias.

3. Reglas que rigen el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo 

Se definieron 36 compromisos respecto a conductas y normas que garantizan la no violación de los acuerdos, ni la afectación de la población civil en sus derechos y libertades.

4. Funcionamiento de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y Dispositivos en el terreno

Este protocolo establece los criterios para la adecuación de los dispositivos en el terreno de la Fuerza Pública y el funcionamiento de las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y de los 8 Puntos Transitorios de Normalización (PTN) durante el cese al fuego y la dejación de las armas. 

Se fijan las rutas, los criterios y responsabilidades que permiten garantizar el desplazamiento de las FARC- EP a las zonas y los puntos, con las debidas garantías de seguridad para evitar incidentes.

Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización tendrán como objetivo: crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final y la Dejación de las Armas y preparar la institucionalidad y al país para la Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a que la implementación de este acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos; así como en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios.

5. Seguridad 

Contiene las medidas para garantizar la seguridad y la protección de: 
- Personas (Mecanismo de Monitoreo y Verificación, población civil, funcionarios del Estado, integrantes de las FARC-EP)
- Las rutas de desplazamiento
- Dispositivos en el terreno y zonas
- Manipulación, almacenamiento, transporte y control de armamento, municiones y explosivos

Dentro de las zonas, se garantiza la plena vigencia del Estado Social de Derecho para lo cual se mantiene el funcionamiento de las autoridades civiles sin limitaciones. Las autoridades civiles (no armadas) que tienen presencia en las zonas permanecen y continúan ejerciendo sus funciones en las mismas. Las autoridades civiles (no armadas) podrán ingresar permanentemente a las zonas veredales sin ninguna limitación excepto al área de los campamentos donde estarán ubicadas las estructuras de las FARC-EP.

Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los Puntos Transitorios de Normalización contarán con un área de recepción para atender a las personas que lleguen a las mismas 

En caso de presentarse dentro de la zona algún hecho o circunstancia que requiera presencia de la Policía Nacional o cualquier otra autoridad armada del Estado, se hace informando al Mecanismo de Monitoreo y Verificación para que coordine su ingreso. 

Durante la vigencia del Acuerdo sobre Cese al Fuego y Dejación de Armas; las FARC-EP designarán un grupo de 60 de sus integrantes (hombres y mujeres) que podrán movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Así mismo, por cada zona, las FARC-EP, designará un grupo de 10 de sus integrantes que podrán movilizarse a nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Para estos desplazamientos estos delegados de las FARC-EP contarán con las medidas de seguridad necesarias, anunciadas en el Acuerdo de Garantías de Seguridad el pasado 23 de junio.

6. Logística 

Este protocolo contiene los procedimientos establecidos de manera conjunta entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para garantizar la logística de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, de los Puntos Transitorios de Normalización y el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (nacional, regional y local) durante el Cese al Fuego y la Dejación de Armas.

7. Dejación de armas 

El protocolo de dejación de armas define y concreta el procedimiento técnico que permite realizar el control del armamento de las FARC-EP durante el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas y establece los criterios y plazos para la dejación definitiva de las armas asignando tareas específicas al componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. 

La dejación de las armas consiste en un procedimiento técnico, trazable y verificable, mediante el cual la ONU recibe la totalidad del armamento de las FARC-EP para destinarlo a la construcción de tres monumentos, acordados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

La recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual que permanece en poder de los (as) integrantes de las FARC-EP, dentro de los campamentos en las zonas se hace de manera secuencial y en tres fases así: 1 Fase: D+90, el 30%; 2 Fase: D+120, el 30%; y 3 Fase: D+150, el 40% restante, según la hoja de ruta (cronograma de eventos) acordada por el Gobierno Nacional y las FARC-EP que guía el proceso del Fin del Conflicto, luego de la firma del Acuerdo Final.

A partir de la próxima semana, delegados y delegadas del Gobierno Nacional, las FARC-EP y las Naciones Unidas, con el acompañamiento de representantes de los países garantes Cuba y Noruega y del CICR, iniciaremos una visita de reconocimiento de carácter técnico con el objetivo de ubicar y delimitar las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), Puntos Transitorios de Normalización (PTN) y sus respectivas Zonas de Seguridad (ZS), para que sea definidas posteriormente por la Mesa de Conversaciones.

En todo caso las autoridades continuarán garantizando la plena vigencia del Estado Social de Derecho y las condiciones de seguridad en todo el territorio nacional.

Los protocolos estarán disponibles para su consulta en www.mesadeconversaciones.com.co​​