El pasado 23 de junio el Presidente Juan Manuel Santos y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Timoleón Jiménez, firmaron en La Habana un acuerdo de cese al fuego bilateral y definitivo con dejación de armas, garantías de seguridad y refrendación de los acuerdos mediante un mecanismo de consulta popular. Cantaclaro reproduce los dos comunicados conjuntos que recogen los principales aspectos acordados para poner fin a un conflicto de más de medio siglo que deja millones de víctimas entre muertos, lisiados, desaparecidos y desplazados.
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| El Presidente Juan Manuel Santos y el líder guerrillero Timoleón Jiménez se estrechan las manos en presencia del jefe de gobierno de Cuba, Raúl Castro. |
Comunicado Conjunto #75, La Habana, Cuba, 22 de junio de 2016
Las delegaciones del Gobierno
Nacional y de las FARC–EP informamos a
la opinión pública que hemos llegado con éxito al Acuerdo para el Cese al Fuego
y de Hostilidades Bilateral y Definitivo; la Dejación de las armas; las
garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales
responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de
Derechos Humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las
organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del
paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas
criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de
la paz.
El evento estará encabezado por
el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el comandante de las FARC-EP, Timoleón Jiménez,
y por los países garantes. Por Cuba, el Presidente Raúl Castro, y por Noruega,
el Canciller, Borge Brende. También estarán en representación de los países
acompañantes, la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet y de Venezuela, el
Presidente Nicolás Maduro.
La ceremonia contará con la
presencia, como invitado especial, del Secretario General de las Naciones
Unidas, Ban Ki-Moon, quien estará acompañado por el Presidente del Consejo de
Seguridad y el Presidente de la Asamblea General.
Igualmente asistirá el Presidente
de República Dominicana, en calidad de Presidente de la CELAC; el presidente de
El Salvador, y los enviados especiales para el proceso de paz de los Estados
Unidos y de la Unión Europea.
Los acuerdos se darán a conocer
mañana al mediodía en el salón de protocolo de El Laguito.
Otro comunicado divulgado el 23 de junio contiene los compromisos alcanzados entre el gobierno colombiano y el grupo insurgente en torno a los tres puntos centrales acordados:
Comunicado Conjunto # 76. La Habana, Cuba. 23 de Junio de 2016
Las delegaciones del Gobierno
Nacional y las FARC-EP queremos anunciar que hemos llegado a acuerdos en los
siguientes puntos:
1. Acuerdo sobre “Cese al fuego y
de hostilidades bilateral y Definitivo y Dejación de Armas”
2. Acuerdo sobre “Garantías de
seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de
homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos,
movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones
criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus
redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la
implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.”
3. Acuerdo sobre “Refrendación”
I. Acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo
y Dejación de las Armas
1. Compromisos
El Gobierno Nacional y las
FARC-EP expresan su compromiso de contribuir al surgimiento de una nueva cultura
que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política y de
trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional en el que todos los
sectores políticos, económicos y sociales, nos comprometamos con un ejercicio
de la política en el que primen los valores de la democracia, el libre juego de
las ideas y el debate civilizado; en el que no haya espacio para la
intolerancia y la persecución por razones políticas. Dicho compromiso hace
parte de las garantías de no repetición de los hechos que contribuyeron al
enfrentamiento armado entre los colombianos por razones políticas.
Por último, el Gobierno Nacional
y las FARC-EP se comprometen con el cumplimiento de lo aquí acordado en materia
de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las
armas, para lo cual elaborarán una hoja de ruta que contenga los compromisos
mutuos para que a más tardar a los 180 días luego de la firma del Acuerdo Final
haya terminado el proceso de dejación de armas.
2. Objetivo
El presente Acuerdo sobre Cese al
Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas tiene como
objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza
Pública y las FARC-EP, y en general de las hostilidades y cualquier acción
prevista en las Reglas que Rigen el CFHBD, incluyendo la afectación a la
población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la
implementación del Acuerdo Final y la Dejación de las armas y preparar la
institucionalidad y al país para la Reincorporación de las FARC-EP a la vida
civil.
3. Monitoreo y Verificación
Acordamos crear un Mecanismo de
Monitoreo y Verificación que será un mecanismo tripartito, integrado por
representantes del Gobierno Nacional (Fuerza Pública), de las FARC-EP, y un
Componente Internacional consistente en una misión política con observadores no
armados de la ONU integrada principalmente por observadores de países miembros
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
El Componente Internacional
preside en todas las instancias el Mecanismo de Monitoreo y Verificación y está
encargado de dirimir controversias, presentar recomendaciones y generar
reportes.
Respecto a la Dejación de las
Armas el Componente Internacional la verifica en los términos y con las debidas
garantías establecidas en los protocolos del Acuerdo.
4. Adaptación de los dispositivos en el
terreno
A partir del día D+1 la Fuerza
Pública reorganizará el dispositivo de las tropas para facilitar el
desplazamiento de las estructuras de las FARC-EP a dichas Zonas y para el
cumplimiento del Acuerdo sobre el Cese al fuego y Dejación de las Armas.
Por su parte a partir del día
D+5, las distintas misiones, comisiones y Unidades Tácticas de Combate (UTC) de
los frentes de las FARC-EP se desplazarán hacia dichas Zonas previamente
acordadas, siguiendo las rutas de desplazamiento establecidas de común acuerdo entre
el Gobierno Nacional y las FARC-EP.
5. Zonas Veredales Transitorias de
Normalización (en adelante “Zonas”).
El Gobierno Nacional y las
FARC-EP acordamos establecer 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y
8 Campamentos.
Las Zonas Veredales Transitorias
de Normalización tienen como objetivo garantizar el Cese al Fuego y
Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas e iniciar el
proceso de preparación para la Reincorporación a la vida civil de las
estructuras de las FARC-EP en lo económico, lo político y lo social de acuerdo
con sus intereses.
Estas Zonas son territoriales,
temporales y transitorias. Cada Zona contará con Equipos de Monitoreo Local.
Tendrán facilidades de acceso por vía carreteable o fluvial; sus límites
corresponden a los de la vereda donde se ubican; pudiendo ser ampliados o
reducidos por mutuo acuerdo dependiendo del tamaño de la vereda, tendrán una
extensión razonable que permite el monitoreo y verificación y el cumplimiento
de los objetivos de las Zonas, fijando como referente accidentes geográficos o
características del terreno.
La salida de combatientes de las
FARC-EP de los campamentos se hará sin armas y de civil.
El Gobierno Nacional y las
FARC-EP se comprometen a que la implementación de este Acuerdo se realice sin
ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no
armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de
las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos;
así como en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que
tengan presencia en los territorios.
Las autoridades civiles (no
armadas) que tengan presencia en las Zonas permanecen y continuarán ejerciendo
sus funciones en las mismas, sin perjuicio de lo acordado en el Cese al Fuego y
Hostilidades Bilateral y Definitivo. Las Zonas no pueden ser utilizadas para
manifestaciones de carácter político.
Los (as) integrantes de las
FARC-EP que en virtud de la ley de amnistía hayan sido beneficiados con la
excarcelación, y así lo deseen, se integran a dichas zonas para seguir el
proceso de reincorporación a la vida civil. Para este fin, dentro de las Zonas
se organizan sitios de estadía por fuera de los campamentos.
Durante la vigencia del Acuerdo
sobre CFHBD y DA; las FARC-EP designa un grupo de 60 de sus integrantes
(hombres y mujeres) que pueden movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de
tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz.
Así mismo, por cada Zona, las
FARC-EP, designa un grupo de 10 de sus integrantes que puede movilizarse a
nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el
Acuerdo de Paz. Para estos desplazamientos los integrantes de las FARC-EP
cuentan con las medidas de seguridad acordadas con el Gobierno Nacional.
En los campamentos no habrá ni
podrá ingresar población civil en ningún momento.
Durante la vigencia de las zonas
se suspenderá el porte y la tenencia de armas para la población civil dentro de
dichas Zonas.
En caso de presentarse dentro de
una Zona algún hecho o circunstancia que requiera la presencia de la Policía
Nacional o cualquier otra autoridad armada del Estado se hace informando al
Mecanismo de Monitoreo y Verificación, para que coordine el ingreso de acuerdo
con los protocolos acordados por el Gobierno Nacional y las FARC-EP.
La ubicación de los campamentos
dentro de las Zonas se hará de forma que el Mecanismo de Monitoreo y
Verificación pueda ejercer su función.
En desarrollo del proceso de
preparación para la reincorporación a la vida civil de sus combatientes, las
FARC-EP en coordinación con el Gobierno Nacional, podrán realizar dentro de las
Zonas todo tipo de capacitación de los integrantes de las FARC-EP en labores
productivas, de nivelación en educación básica primaria, secundaria o técnica,
de acuerdo con sus propios intereses, jornadas de cedulación y demás
actividades de preparación para la reincorporación y otras actividades
necesarias para facilitar el tránsito a la legalidad de las FARC-EP.
6. Zona de Seguridad
Alrededor de cada Zona se
establece una Zona de Seguridad donde no podrá haber unidades de la Fuerza
Pública, ni efectivos de las FARC-EP con excepción de los equipos de monitoreo
y verificación acompañados de seguridad policial cuando las circunstancias así
lo requieran. El ancho de la Zona de Seguridad será de 1 kilómetro alrededor de
cada Zona.
7. Seguridad
El Gobierno Nacional y las
FARC-EP definirán conjuntamente unos protocolos de seguridad, que permitirán,
de manera integral, minimizar las potenciales amenazas que pueden afectar o
vulnerar las personas y bienes comprometidos en el Cese al Fuego y Hostilidades
Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas.
Las condiciones de seguridad
implementadas garantizarán la protección de los integrantes del equipo de
monitoreo y verificación, los miembros de las FARC-EP, los delegados del
Gobierno Nacional, la Fuerza Pública y demás intervinientes en el proceso. Así
como, la coordinación de los movimientos y los dispositivos en el terreno.
El Gobierno Nacional a través de
la Fuerza Pública continuará garantizando las condiciones de convivencia y
seguridad de la población civil durante este proceso.
8. Dejación de las Armas (DA).
Consiste en un procedimiento
técnico, trazable y verificable mediante el cual la ONU recibe la totalidad del
armamento de las FARC-EP para destinarlo a la construcción de 3 monumentos,
acordados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.
La Dejación de las Armas por
parte de las FARC-EP se desarrollará en dos tiempos, denominados Control de
Armamento y Dejación de las armas, que integran los siguientes procedimientos
técnicos: registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia,
recolección, almacenamiento, extracción y disposición final.
9. Procedimiento
Con la Firma del Acuerdo Final
inicia el proceso de Dejación de las Armas de las FARC-EP, que incluirá el
transporte del armamento a las zonas, la destrucción del armamento inestable, y
la recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual de
manera secuencial y en tres fases así: 1 Fase: D+90, el 30%; 2 Fase: D+120, el
30%; y 3 Fase: D+150, 40% restante, según la hoja de ruta (cronograma de eventos)
acordada por el Gobierno Nacional y las FARC-EP que guía el proceso del Fin del
Conflicto luego de la firma del Acuerdo Final.
Las FARC-EP contribuirá por
diferentes medios, incluyendo el suministro de información, con la limpieza y
descontaminación de los territorios afectados por minas antipersonal (MAP),
artefactos explosivos improvisados (AEI), y municiones sin explotar (MUSE) o
restos explosivos de guerra (REG) en general, teniendo en cuenta lo acordado en
los puntos 4 y 5 y lo que se acuerde en el punto de Reincorporación a la vida
civil en cuanto a la participación de las FARC-EP en la acción contra minas.
Para garantizar el control
efectivo del armamento en cada Zona se determinará un solo punto de
almacenamiento, dentro de uno de los campamentos, en donde estarán ubicados los
contenedores bajo el monitoreo y verificación permanente del Componente
Internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, de acuerdo con los
protocolos concertados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.
Recibido el armamento el día
D+150, a más tardar el día D+180 finalizará el proceso de extracción de las
armas por parte de Naciones Unidas, conforme a los procedimientos acordados
para esta materia y certificará el cumplimiento de este proceso procediendo a
comunicarlo al Gobierno Nacional y a la opinión pública.
El día D+180 se da por terminado
el funcionamiento de estas Zonas y el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral
y Definitivo.
El Mecanismo de Monitoreo y
Verificación certificará y comunicará cada una de las fases del procedimiento
de dejación de armas antes descrito.
Por último, sobre la base del
acuerdo que hemos anunciado el día de hoy y en el marco de la Resolución 2261, el
Gobierno Nacional y las FARC-EP solicitamos al Secretario General de las
Naciones Unidas que se pongan en marcha todos los preparativos necesarios para
el despliegue de la Misión Política Especial, de manera que se pueda avanzar en
la implementación del presente acuerdo.
II. Acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las
organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan
contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos,
incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como
sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las
conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la
construcción de la paz”
Este acuerdo está dirigido a
brindar protección y seguridad a todos los habitantes del territorio nacional;
medidas de protección a las colectividades, los movimientos y organizaciones
sociales y de derechos humanos en los territorios; garantías para el ejercicio
de la política a los movimientos y partidos políticos, especialmente a los que
ejerzan oposición, al movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP
a la actividad política legal y a los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación
a la vida civil.
Adicionalmente contempla la implementación de
las medidas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral
las acciones contra las organizaciones y conductas criminales objeto de este
acuerdo que amenacen la construcción de la paz. El acuerdo incluye igualmente
medidas para el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo en complemento
a lo ya acordado en el punto 5.
El acuerdo de garantías de
seguridad, se basa en los siguientes principios:
1. Respeto, garantía, protección y promoción
de los derechos humanos.
2. Asegurar el monopolio legítimo de la
fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio
3. Fortalecimiento de la administración de
justicia
4. Asegurar el monopolio de los tributos
por la Hacienda Pública
5. Enfoque territorial y diferencial
6. Enfoque de género
7. Coordinación y corresponsabilidad
institucional
8. Participación ciudadana
9. Rendición de cuentas
10. Garantías de No Repetición
Para cumplir con estos
propósitos, el Gobierno Nacional y las FARC-EP, se comprometen a:
·
El Gobierno Nacional garantizará la implementación de las medidas
necesarias para intensificar con efectividad las acciones contra las
organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo que amenacen la
construcción de la paz. Además asegurará la protección de las comunidades en
los territorios, que se rompa cualquier tipo de nexo entre política y uso de
las armas, y que se acaten los principios que rigen toda sociedad democrática.
· Las FARC-EP por su parte asumen el compromiso
de contribuir de manera efectiva a la construcción y consolidación de la paz,
en todo lo que resulte dentro de sus capacidades, a promover los contenidos de
los acuerdos y al respeto de los derechos fundamentales.
Las medidas de seguridad y
protección que define el acuerdo se han construido sobre cinco pilares
fundamentales con un enfoque dimensional:
1. Un Pacto Político Nacional y desde las
regiones con los partidos y movimientos políticos, los gremios, la sociedad
organizada y en general las fuerzas vivas de la nación para que nunca más se
utilicen las armas en la política ni se promuevan organizaciones violentas como
el paramilitarismo. Este pacto buscará la reconciliación nacional y la
convivencia pacífica.
2. Una Comisión Nacional de Garantías de
Seguridad que será presidida por el Presidente de la República y tendrá como
objeto el diseño y el seguimiento a la política pública y criminal en materia
de desmantelamiento de cualquier organización o conducta de que trata este
acuerdo. La Comisión también armonizará dichas políticas para garantizar su
ejecución.
3. Una Unidad Especial de Investigación
dentro de la Fiscalía General de la Nación para el desmantelamiento de las
organizaciones criminales y sus redes de apoyo, que hayan sido denominadas como
sucesoras del paramilitarismo de conformidad con lo establecido en el numeral
74 del acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta Unidad contará
con una unidad especial de policía judicial con expertos en distintas materias.
4. En desarrollo de lo acordado en el punto 2
“Participación Política”, la creación del Sistema Integral de Seguridad para el
Ejercicio de la Política que desarrollará un modelo de garantías de derechos
ciudadanos y protección para los movimientos y partidos políticos, incluyendo
el movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la
vida civil, organizaciones sociales, de derechos humanos y las comunidades en
los territorios. El Sistema incluye la creación en la Unidad Nacional de
Protección de un cuerpo mixto de protección para los integrantes de las FARC-EP
en proceso de reincorporación a la vida civil.
5. Un
Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones
en los territorios que tendrá como propósito la definición y adopción de
medidas de protección integral para las organizaciones, grupos y comunidades en
los territorios.
El acuerdo incluye adicionalmente
las siguientes medidas complementarias:
- El diseño y puesta en marcha de una política de sometimiento a la justicia para las organizaciones objeto de este acuerdo.
- La activación de un cuerpo élite de la Policía Nacional como instrumento para desarticular las organizaciones criminales objeto del acuerdo.
- Instrumento de prevención y monitoreo de las organizaciones criminales: es un sistema de anticipación y prevención para la reacción rápida, que está orientado a garantizar una mejor identificación de las amenazas en los territorios y una acción con mayor impacto de la Fuerza Pública para contener esas amenazas.
- Medidas de prevención y lucha contra la corrupción: dirigidas a fortalecer la transparencia institucional.
III. Acuerdo sobre “Refrendación”
El gobierno de Colombia y las
FARC-EP, para zanjar las diferencias surgidas hasta la fecha sobre el tema
aludido, en el día de hoy, en desarrollo de la agenda del Acuerdo General para
la Terminación del Conflicto, hemos convenido acoger como fórmula de convergencia
la decisión que profiera la Corte Constitucional sobre los alcances del
Proyecto de Ley Estatutaria No. 156 de 2015 Cámara, 94 de 2015 Senado, en el
espíritu hasta ahora anunciado y en esa medida aceptamos el mecanismo de
participación popular que la Corte indique y en los términos que ese alto
tribunal señale.
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